Se habla en estos días de una nueva “grieta” entre
quienes están a favor y en contra de la legalización del aborto. No creo que sea necesario ni que sume
plantear la cuestión en estos términos.
Estoy a favor de la despenalización y legalización
del aborto, pero respeto a la gente que de buena fe se manifiesta en contra.
Muchos de ellos son amigos y sé que defienden sus convicciones más íntimas. Por
eso no me gusta llamarlos “antiderechos” ni descalificar sus opiniones como
medievales u oscurantistas, así como no me gusta que me digan que no estoy “a
favor de la vida”, o que me llamen asesina porque defiendo el derecho de las
mujeres a acceder al aborto.
No me interesa entrar en agresiones, amenazas ni
aprietes porque degradaría el paso histórico que estamos dando en estos días:
la instalación en la agenda pública de un tema que siempre se había barrido
debajo de la alfombra. Un tema que la mayoría de los políticos subestimaba y evitaba en sus campañas porque lo consideraban
“piantavotos”.
El aborto existe, y cada uno de nosotros, de manera
personal o a través de alguna mujer cercana, sabemos que la práctica se realiza
de forma clandestina en todas las clases sociales. Las mujeres más pobres ponen
en peligro su salud y su vida, pero también las mujeres que pueden costear el
procedimiento deben hacerlo en la clandestinidad. Estar al margen de la ley
implica entrar en una zona oscura donde se incurre en un delito tipificado en
el código penal. Ninguna mujer desea abortar y ninguna mujer merece ir a
prisión por no desear un embarazo.
Durante las exposiciones de los últimos dos meses
en el Congreso escuché una frase que coincidió entre militantes a favor y en
contra de la despenalización: “el aborto es un fracaso”.
Todos coincidimos en que el aborto es un fracaso,
una situación indeseable por la que nadie quiere pasar. Nadie está “a favor”
del aborto. El aborto es el último
eslabón de una cadena en la que falló el sistema. El aborto es la última ratio,
ninguna mujer con acceso a la anticoncepción llegaría a esa situación extrema.
Plantear que la legalización convertiría el aborto en un “método
anticonceptivo” es asumir el fracaso de las políticas de salud sexual y
reproductiva que evitarían llegar a esa instancia.
El debate no debería encuadrarse como estar a favor
o en contra del aborto, nadie está a favor del aborto, ni está en contra de la
vida. La verdadera cuestión es aborto clandestino sí o no.
Durante las exposiciones en Diputados hubo
coincidencia en la importancia de la
educación sexual para evitar embarazos no deseados. Para esto no hacen falta
nuevas leyes, sino aplicar la ley 26.150
que ya está vigente desde 2006. Sin embargo, sabemos que muchos sectores se han
opuesto a la vigencia de esta ley, y que todavía no se aplica de manera pareja
ni con los contenidos adecuados.
También hubo coincidencia en que el acceso a los
anticonceptivos reduciría las situaciones de aborto. El acceso gratuito a la
anticoncepción está contemplado por la Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable,
vigente desde 2003, y la ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica que incorporó
la posibilidad de acceder de manera gratuita a la ligadura de trompas y a la vasectomía.
Estos puntos, que en algún momento fueron
resistidos por varios de los sectores que hoy se oponen a la ley, forman parte
de un consenso básico entre quienes tienen hoy en sus manos la legalización del
aborto. Hay que aprovechar estas
coincidencias para exigir la aplicación de estas leyes que llevan ya más de
diez años de vigencia y que no se aplican por razones presupuestarias o
religiosas.
Ahora vayamos a las diferencias. Las dos posiciones
básicas parten de las siguientes premisas:
- La persona comienza en
la concepción y desde ese momento debe ser protegida jurídicamente de
manera plena
- La vida es un proceso
durante el cual se va formando la persona humana y la protección jurídica
es gradual.
No existe consenso jurídico, científico y religioso
sobre el comienzo de la vida, como se ha visto durante el debate al que
asistieron prestigiosos científicos que sustentaron una y otra posición. Cada uno
tiene sus argumentos y es difícil encontrar puntos de contacto. Sin embargo, en
una sociedad democrática, ambas posiciones deberían poder convivir sin
excluirse entre sí. Es necesario entonces encontrar acuerdos posibles.
Van aquí tres argumentos que pueden acercar las
posiciones para las personas que están indecisas:
1) Argumento 1: Conciliar las convicciones
personales con las políticas públicas.
Varios de los legisladores que estaban indecisos se
definieron a favor de la legalización porque consideraron que si bien no estaban
de acuerdo en lo personal, debían legislar en función del interés general y de la salud de
la población.
Muchos de los que estamos a favor de la
legalización respetamos profundamente la convicción de quienes creen que la persona
empieza en el momento de la concepción. No discutimos las convicciones íntimas
o religiosas, que están fuera de todo cuestionamiento y pertenecen a su ámbito
privado y personalísimo. Sin embargo,
consideramos que las leyes tienen que garantizar la libertad de todos: de los
que creen que la persona comienza con la concepción y de aquellos que creen que
la vida es un proceso.
Un estado laico y respetuoso de las libertades civiles debe
respetar a todos y garantizar que cada uno pueda actuar de acuerdo con sus
convicciones. Pero mientras aquellos que consideran que la persona comienza con
la concepción pueden decidir continuar con el embarazo no deseado, aquellas mujeres
que no comparten esta posición, se verán
forzadas a ser madres. Nadie puede obligar a alguien a abortar, quien no desee
hacerlo no lo hará, pero a aquellas mujeres que padecen un embarazo no deseado
se las obliga a parir imponiéndoles
convicciones morales o religiosas que no comparten.
Muchas personas católicas apoyan la legalización y
no ven contradicción con sus creencias personales porque consideran que en un
estado laico todas las posiciones deben ser respetadas. “Yo no lo haría bajo
ninguna circunstancia, pero no puedo prohibir que otra persona lo haga”, sería
el razonamiento. En Irlanda, uno de los países más católicos del mundo, la
población apoyó en un 66% una reforma constitucional que habilita la
legalización del aborto. Jon O’Brien,
representante de Católicos por el Derecho a Decidir expuso el último día del
debate en Diputados en la Argentina y afirmó que como católicos apoyaban la
libertad de conciencia y no veían contradicción en ello.
En 1975 y tras un largo debate, Francia despenalizó
el aborto mediante la llamada Ley Veil, que recibió ese nombre por su
impulsora, la entonces ministra de Salud, Simone Veil. Años después, el Presidente Válery Giscard d’Estaing (1974-1981) sostuvo un tenso diálogo con Juan Pablo II
en el Vaticano que le reprochaba al presidente, católico practicante, que la
ley fuera sancionada durante su mandato. “Yo soy católico -le dijo el entonces
gobernante francés al Papa-.“Pero soy presidente de la República de un Estado laico. No
puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos. Como católico estoy
contra el aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su
despenalización”.
En un país con libertad de cultos y de conciencia,
las distintas posiciones deben ser respetadas y las convicciones individuales
no deben imponerse sobre las cuestiones de Estado. La libertad de conciencia
debe ser garantizada
La maternidad no se le puede imponer a nadie, debe
ser una elección.
2) Argumento 2: Las razones para
despenalizar ¿Estamos de acuerdo con que las mujeres que abortan vayan a
prisión?
El código Penal castiga el aborto desde 1921 en los
artículos 85, 86 y 87 con penas de reclusión o prisión de uno a cuatro años. La
pena se establece tanto para la mujer que se somete al aborto como para la
persona que realice el procedimiento. Si se tratara de profesionales de la
salud, se los castiga también con la inhabilitación por el doble de tiempo de
la pena. Los únicos casos exceptuados
son los del art. 86 incs. 1 y 2, donde se prevé el aborto no punible para casos
de peligro para la vida o salud de la
mujer o violación.
La respuesta penal es la última opción de muchas
posibles, implica medidas extremas como la privación de la libertad. Cabe
entonces preguntarse: ¿Es la sanción penal la respuesta adecuada para una
persona que se somete o facilita un aborto?
¿Queremos enviar a prisión a las mujeres? ¿Queremos que cargue además del embarazo no
deseado y del aborto clandestino, con una pena de cárcel?
La mayoría de las personas que expusieron “en
contra” de la legalización, hablaron de acompañar a la mujer durante el
embarazo no deseado, se mostraron empáticos hacia su situación. No obstante, mantener
la legislación como está ahora implica responsabilizarla de un delito penal con
pena de prisión. Si no están de acuerdo con esto, deberían apoyar que cambie la
ley. Según un informe de la Defensoría General de la Nación, en los últimos
cinco años se formaron 167 causas contra mujeres que habían abortado. “El
derecho penal fracasa en su finalidad de prevención”, dice el informe.
¿Es la privación de la libertad la única respuesta
posible a una práctica que se realiza masivamente? ¿Cuántas mujeres y cuántos
profesionales deberían ir a prisión si la ley vigente se aplicara? ¿Es esto
razonable? -¿Se imagina alguien una prisión capaz de albergar a todas las
personas que practican abortos? ¿Sería justo aplicar esta sanción? ¿Cómo se
haría en la práctica?, ¿Deberían los recursos del estado destinarse a la
persecución penal de una práctica que se realiza en situación de necesidad
cuando ha fallado todo el sistema para evitar embarazos no deseados? ¿Ha dado
resultado la criminalización del aborto para evitarlo?
La respuesta penal vigente desde 1921 ha relegado
la práctica a la clandestinidad y no evita que los abortos se realicen. ¿Por qué se insiste entonces en mantener un
castigo penal que produce un problema de salud pública condenando a la
clandestinidad a miles de personas, y que no previene ni evita que se sigan
produciendo los hechos?
¿Qué ganamos criminalizando el aborto?
3) Argumento 3: Las razones para legalizar.
¿Por qué el aborto es un problema de salud pública?
La criminalización del aborto conduce a la
clandestinidad. La clandestinidad hace
que se realice de manera insegura, en lugares no habilitados y fuera de los
controles del Ministerio de Salud. El
aborto clandestino produce muertes, infecciones y complicaciones que pueden
dejar secuelas. Impide además aplicar políticas públicas para que la decisión
de la mujer se tome con la información adecuada, y que se den nociones de salud
sexual y reproductiva para prevenir a futuro.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en
2014 los egresos hospitalarios por aborto en instituciones públicas fueron 47 mil. Existieron 43 muertes maternas que representan
un 17% del total. Estas cifras son
incompletas porque no contemplan el sistema de salud privado, que tiene el 50 por ciento de las camas totales del país, y
porque muchos médicos codifican esas muertes con otros padecimientos por temor
a represalias, según informó el Ministro de Salud de la Nación Adolfo
Rubinstein. Recomendamos repasar su exposición donde fundamenta con claridad e
información por qué el aborto debe ser abordado como un problema de salud
pública.
A esto se suma la inequidad social que implica que
quienes tienen medios económicos puedan acceder a prácticas seguras, y quienes no los tienen tengan que recurrir a
métodos riesgosos.
Se ha probado a lo largo de las audiencias que la
proporción de abortos inseguros aumenta donde las leyes son restrictivas, dando
lugar a mayores índices de muerte y morbilidad materna. En aquellos países
donde el aborto fue legalizado, en cambio, los abortos inseguros prácticamente
no existen. También se han presentado estadísticas referidas a la disminución
de la cantidad de abortos en los países que legalizaron la práctica.
Uruguay legalizó el aborto en 2012 y actualmente
tiene la tasa de mortalidad materna más baja de América detrás de Canadá, según
las estadísticas presentadas. También se redujeron los casos de mujeres con
infecciones u otras dolencias y disminuyó la cantidad de abortos. Los
resultados son el producto de muchos años de políticas de prevención y
educación, además de la legalización del aborto.
Detrás de todos estos números y conceptos
abstractos hay duras historias que circulan en la clandestinidad. Historias de
mujeres que llegan a los hospitales con infecciones por haberse insertado un
tallo de perejil, una aguja de tejer o una sonda, o mujeres que han abortado en
una clínica sin perder el temor por estar realizando un acto penado por la ley.
Historias de falta de educación sexual o
de anticonceptivos que fallan. Historias de adolescentes que viven el
embarazo a escondidas, de mujeres que quedan embarazadas a edades avanzadas, o
de mujeres que no pudieron cuidarse debido a la violencia de género. En fin, la
casuística es infinita pero hay un punto en común: ninguna esperaba llegar a
esa instancia.
La legalización no obligará a nadie a abortar, pero
garantizará que aquellas mujeres que tomen la decisión puedan hacerlo de manera
segura, que reciban información antes de hacerlo, que ingresen al sistema de
salud, y que se erradiquen las prácticas clandestinas. La maternidad debe ser producto de una
decisión, y no debería ser una imposición para nadie.